César David Gallo Lale
El Perú atraviesa un momento en el que no basta culpar a un tirano, una guerra o una crisis económica. Hoy debe mirarse al espejo y reconocer que parte de su decadencia proviene de sus propias claudicaciones morales. Desde la transición encabezada por Valentín Paniagua hasta la actualidad, el país vive no solo una prolongada crisis política, sino también una crisis cívica que revela fragilidad ética e institucional.
La corrupción se ha normalizado. Lo que debería generar indignación se ha vuelto cotidiano: favoritismo, adjudicaciones opacas y tráfico de influencias. La repetición de estos hechos alimenta la idea de que “todos lo hacen”, legitimando la búsqueda del beneficio personal por encima del bien común. A ello se suma la percepción de impunidad: procesos interminables, privilegios de funcionarios y decisiones contradictorias que debilitan la confianza en el Estado de derecho.
La polarización política y social es otra herida abierta. El debate público privilegia la confrontación antes que la búsqueda de soluciones. En medio de la inseguridad, la crisis institucional y las dificultades económicas, muchos ciudadanos depositan sus expectativas en líderes que ofrecen respuestas simples a problemas complejos, lo que dificulta el diálogo y la construcción de consensos.
La política se ha mercantilizado. Con frecuencia, la función pública se concibe como oportunidad de beneficio personal antes que servicio a la comunidad. Campañas poco transparentes, promesas demagógicas e intercambio de favores convierten al ciudadano en receptor pasivo de prebendas más que en participante crítico de la vida democrática.
La insuficiente formación cívica agrava la situación. Una ciudadanía mal informada es más vulnerable a la manipulación y a discursos extremistas. La falta de pensamiento crítico explica por qué candidatos con antecedentes cuestionables o propuestas inviables logran respaldo electoral. La persistencia de la pobreza y la desigualdad, además, favorece la resignación y el oportunismo: cuando las necesidades básicas dominan la vida cotidiana, muchas personas aceptan prácticas cuestionables como mecanismos de supervivencia.
Existe también una dimensión cultural: la fragilidad del honor público. El Perú posee una rica tradición de solidaridad y esfuerzo colectivo, pero la tendencia a privilegiar el interés particular sobre el bien común pone en riesgo ese legado.
A estos problemas se suma una amenaza reciente: la iniciativa separatista impulsada por Felipe Domínguez Chávez, presidente del FREDICON en Arequipa, que desde 2022 propone la creación de una República Independiente de la Macro Región Sur. La propuesta incluye Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac, con posible incorporación de Ayacucho. Este proyecto, promovido también por Roberto Sánchez Palomino según críticos, constituye un atentado contra la soberanía nacional y está tipificado como traición a la patria. El Estado debe aplicar la Constitución y las leyes para impedir cualquier intento de desintegración.
¿Existe salida? Sí, pero requiere perseverancia y visión de largo plazo. Es indispensable fortalecer la independencia judicial, mejorar la transparencia y garantizar que la impunidad no encuentre refugio en privilegios ni dilaciones. Del mismo modo, urge promover una educación cívica que forme ciudadanos críticos, informados y comprometidos con los valores democráticos.
Reconocer estas miserias morales no significa despreciar al país, sino dar el primer paso para corregirlas. La historia peruana demuestra una notable capacidad de resiliencia frente a la adversidad. El desafío consiste en reconstruir instituciones y fortalecer valores compartidos que sustenten una ciudadanía responsable y solidaria. Sin una regeneración ética que acompañe las reformas políticas y económicas, cualquier avance institucional será insuficiente.
La tarea es compleja, pero indispensable para construir un Perú más justo, próspero y cohesionado.
¡Por un nuevo Perú!
(*) Teniente General FAP
