Julio César Valdez Pomareda
Hay hechos que un país que sufrió durante años el terrorismo no puede mirar con indiferencia, ni mucho menos olvidarlo.
Si se confirma que personas vinculadas orgánicamente a MOVADEF han sido contratadas como asesores o trabajadores del Congreso de la República, estamos ante un hecho que merece una explicación clara y una investigación inmediata.
MOVADEF no es un movimiento político cualquiera. Su relación con el pensamiento y la organización de Sendero Luminoso ha sido señalada y documentada por organismos del Estado y por investigaciones policiales y fiscales. Por eso, cualquier vínculo comprobado con esa organización debe ser examinado con especial cuidado cuando se trata de personas que trabajan dentro del Poder Legislativo.
El Congreso representa a todos los peruanos. Sus trabajadores son pagados con recursos públicos, es decir, con el dinero de los ciudadanos. Por eso resulta legítimo preguntar: ¿qué controles se realizaron antes de contratar a estas personas?, ¿quién las recomendó?, ¿quién autorizó sus contratos?, ¿qué funciones cumplen actualmente?
No se trata de perseguir ideas políticas. Se trata de establecer dónde termina la libertad de pensamiento y dónde comienza la participación en organizaciones vinculadas al terrorismo o la defensa de sus acciones.
El Perú vivió años de asesinatos, coches bomba, secuestros, atentados y destrucción. Miles de familias perdieron padres, madres, hijos y hermanos. Muchos peruanos, además, vivimos directamente aquellos años de violencia y sabemos lo que significó enfrentar a Sendero Luminoso.
Por eso el Congreso debe ser especialmente cuidadoso.
Si una investigación demuestra que determinados trabajadores mantienen una vinculación real y actual con MOVADEF o con estructuras relacionadas con Sendero Luminoso, corresponde evaluar su situación conforme a la ley y determinar las responsabilidades que pudieran existir. Y si también existen indicios de que algún parlamentario contrató deliberadamente a una persona con esas vinculaciones para promover o justificar el terrorismo, corresponde que las autoridades competentes investiguen esos hechos y determinen si existe responsabilidad penal.
Lo que no puede ocurrir es que el Estado contrate con dinero de los peruanos a personas cuya relación con una organización vinculada al terrorismo haya sido comprobada, sin siquiera explicar por qué fueron incorporadas al Congreso.
La democracia tiene derecho a ser amplia y tolerante, pero también tiene el deber de defenderse.
Una cosa es respetar las libertades que garantiza la Constitución. Otra muy distinta es abrir las puertas de una institución fundamental del Estado a quienes, después de una investigación seria, pudieran mantener vínculos con organizaciones que buscaron destruir precisamente ese Estado mediante la violencia.
El Congreso debe dar una explicación. Y si existen hechos que puedan constituir delito, debe investigarlos el Ministerio Público.
El terrorismo no puede volver a entrar por la puerta de atrás de las instituciones democráticas.
¡¡Por las víctimas de ayer y el futuro de mañana, memoria y justicia!!
(*) Teniente general FAP en retiro
