El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios amplió por ocho meses la investigación preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presunta colusión agravada y otros delitos de corrupción, medida que también alcanza a otros altos funcionarios corporativos y representantes del sector empresarial.
El Ministerio Público sostuvo, como hipótesis, que hubo concertación ilegal y direccionamiento en la licitación del servicio de transporte de carga para las Elecciones 2026.
El personal fiscal a cargo del caso detectó irregularidades en la adjudicación de un contrato logístico valorizado en más de 2 millones de soles. Asimismo, La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que se vienen recopilando las actas de control interno respecto a las fases de selección y ejecución del material electoral.
La investigación identificó que la empresa Servicios Generales Galaga SAC obtuvo la buena pro del servicio de carga pese a presentar presunta información falsa sobre su capacidad operativa. El despacho fiscal indicó que la empresa acreditó 70 conductores aptos, pero las planillas mostraron solo 33, lo que fue observado por auditorías técnicas como falta de idoneidad en la información entregada a los comités de selección.
Asimismo, la Fiscalía ordenó solicitar al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de todos los investigados, incluyendo a Corvetto, para analizar sus movimientos financieros durante los años 2025 y 2026.
Además, se dispuso que la Policía Anticorrupción ejecute en 90 días un cronograma de diligencias, empezando con la revisión de las cámaras de videovigilancia en la sede de Lurín, con el objetivo de registrar los ingresos y salidas de vehículos de carga en abril.
Por otro lado, el viernes 29 de mayo el Ministerio Público acudirá a la sede central de la ONPE en el Cercado de Lima para realizar una diligencia de exhibición de documentos oficiales, expedientes y archivos de audio de reuniones técnicas realizadas en febrero, requiriendo a la jefatura de la entidad brindar todas las facilidades bajo responsabilidad penal.
Entre los elementos de convicción se encuentran fotos y capturas de chats que apuntan a coordinaciones ilícitas entre funcionarios y empresarios, además de informes de la Contraloría que ya habían detectado presuntas deficiencias graves en la etapa de perfeccionamiento del contrato.
