Luis De Stefano Beltrán (*) y Ernesto Bustamante (**)
Aristófanes, en su comedia “Las nubes”, representada hace veinticinco siglos, dejó una advertencia que conserva su vigencia: quien recurre a argumentos tramposos para vencer a otros termina siendo víctima de ellos. Estrepsíades, agobiado por las deudas contraídas a causa de la afición de su hijo a los caballos, acude al “Pensatorio” del Sócrates caricaturizado por el dramaturgo. Quiere aprender a hacer pasar por justo un argumento injusto y así eludir a sus acreedores. Como fracasa, envía a su hijo Fidípides. Este domina la técnica, regresa a casa, golpea a su padre y encuentra razones para justificarlo. Estrepsíades termina incendiando el Pensatorio: la trampa intelectual que había querido utilizar contra otros acaba volviéndose contra él.
El Perú contemporáneo ofrece motivos para recordar aquella obra. La segunda vuelta de 2026 se decidió por un margen de apenas 49,641 votos, expresión de una fractura política profunda. Precisamente por ello, la legitimidad del resultado electoral y el derecho a cuestionar al gobierno deben sostenerse simultáneamente. Reconocer a una presidenta elegida no obliga a aprobar sus decisiones; ejercer oposición, por severa que sea, no autoriza a desconocer las reglas cuyo respeto se reclama a los demás.
Sin embargo, en determinados sectores de la oposición —políticos, comentaristas y voces influyentes en redes sociales— la fiscalización de políticas públicas parece ceder con frecuencia ante la descalificación personal. El sarcasmo puede ser un recurso legítimo de la crítica; convertido en sustituto del argumento, se agota rápidamente. Las expresiones “no es mi presidenta” o “no me representa”, cuando se utilizan para negar la legitimidad del resultado y no simplemente para expresar desacuerdo político, desplazan la discusión desde lo que hace el gobierno hacia el rechazo de su propia existencia.
Pero el mismo reproche alcanza a quienes, desde posiciones favorables al gobierno o desde responsabilidades públicas, reaccionan con ataques personales contra quienes cuestionan decisiones gubernamentales. Confundir la fiscalización con hostilidad política, atribuir intenciones maliciosas a todo crítico o pretender descalificarlo por ejercer su libertad de expresión reproduce exactamente el vicio que se denuncia en la oposición. La legitimidad electoral no concede inmunidad frente al escrutinio público, ni la defensa de un presidente autoriza a intimidar o desacreditar a quienes discrepan. La libertad de expresión y el derecho a fiscalizar al poder no dependen de la simpatía política de quien los ejerce. Son garantías democráticas que deben respetarse tanto cuando favorecen a los propios como cuando incomodan.
La distinción importa. Hay razones suficientes para exigir cuentas al Ejecutivo: seguridad ciudadana, calidad de los servicios de salud y la reforma prometida, prevención eficaz frente a El Niño, ejecución presupuestal, independencia institucional, idoneidad de los colaboradores y cumplimiento de las promesas electorales y del plan de gobierno. Una oposición responsable debería contrastar anuncios con indicadores, identificar contradicciones, exigir documentos y proponer alternativas. Esa tarea es más difícil que una frase ingeniosa, pero también es mucho más útil para los ciudadanos.
La lección de Aristófanes no consiste en condenar toda retórica incisiva ni en pedir deferencia hacia el poder. Consiste en advertir qué ocurre cuando se normaliza la idea de que cualquier argumento vale si permite vencer al adversario. Quien recurre a la exageración sistemática, a la insinuación sin prueba o a la negación caprichosa de hechos verificables debilita la autoridad de sus propias denuncias. El problema no es que la oposición sea dura, sino que renuncie a ser rigurosa.
Además, esa conducta tiene un costo político. Los ciudadanos que no pertenecen a los círculos más polarizados pueden percibir una contradicción entre la defensa declarada de la institucionalidad y el desprecio por un resultado electoral adverso. No es posible afirmar que cada burla produzca apatía o radicalización; sí es razonable advertir que una discusión pública dominada por el escarnio dificulta construir confianza en alternativas democráticas. Una oposición que aspira a gobernar en 2031 necesita algo más que demostrar su rechazo al gobierno actual: debe acreditar capacidad para conducir el Estado.
Al gobierno le corresponde, además, rendir cuentas. La legitimidad de origen no exime de aceptar la crítica ni de respetar los contrapesos. Si la presidenta presenta un balance de cien días, es legítimo confrontarlo con las medidas específicas que prometió para ese plazo. Si anuncia una reducción de la criminalidad, debe precisar fuentes, períodos y definiciones estadísticas. Exigir esa información no es hostilidad antidemocrática: es fiscalización republicana. El respeto al voto y la exigencia de resultados no compiten entre sí.
Por eso, el desafío para quienes se oponen a Fujimori no es moderar artificialmente sus discrepancias, sino darles contenido. Una crítica documentada sobre hospitales, homicidios, presupuesto o nombramientos puede ser devastadora sin necesidad de caricaturizar a millones de electores. Por el contrario, una sucesión de agravios puede proporcionar satisfacción inmediata a quienes ya están convencidos, pero deja intactas las preguntas que deberían ordenar el debate nacional.
La magdalena no está para tafetanes. El país ha conocido demasiadas veces las consecuencias de tratar las reglas democráticas como obligatorias solo cuando favorecen al propio bando. El Perú de hoy opera con un margen de error casi inexistente; no hay espacio para una clase política cuya única habilidad sea el escarnio o la burla fácil.
Si los opositores que se autoproclaman guardianes de la institucionalidad adoptan las armas retóricas que censuran en sus adversarios, corren el riesgo de repetir la historia de Estrepsíades: enseñar a otros a justificar lo injustificable y sorprenderse cuando ese aprendizaje se vuelva contra ellos. La alternativa no es una oposición dócil, sino una oposición exigente, verificable y capaz de ofrecer un horizonte distinto.
(*) Biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
(**) Biólogo molecular y excongresista de la República.
