Por Cesar Gallo Lale / O ponen orden, o el país se desmorona ante la inseguridad

Por Cesar Gallo Lale

¿Quién puede negar que una parte importante del Perú vive hoy sumida en la perplejidad?

No porque el peruano haya perdido su nobleza, solidaridad, espíritu de sacrificio ni amor por la familia y por la tierra que lo vio nacer. Precisamente porque esos valores aún existen, duele contemplar cómo la viveza, el irrespeto, la corrupción y la delincuencia pretenden convertirse en una forma normal de vivir.

Muchos crecimos escuchando que la palabra dada tenía valor, que al mayor se le respetaba, que el trabajo honrado dignificaba y que ayudar al vecino era una obligación moral. Se enseñaba que la pobreza podía ser dura, pero que no justificaba la maldad; que el error podía corregirse, pero que el robo, la mentira y el abuso debían causar vergüenza.

Hoy parece haberse difundido una enseñanza contraria: engañar sería inteligencia; aprovecharse del débil, habilidad; incumplir la ley, astucia; y robar al país, un pecado menor porque “el Estado no es de nadie”.

Pero el Estado sí es de todos.

Cada sol robado a una municipalidad, hospital, escuela u obra pública es una medicina que no llega, un niño que estudia en peores condiciones, una carretera inconclusa o una vida puesta en riesgo. La corrupción no es un asunto lejano: afecta al ciudadano común y, con mayor crueldad, al pobre que no tiene recursos para defenderse.

La llamada “viveza” ha sido presentada como virtud, cuando muchas veces no es sino egoísmo disfrazado de ingenio. Quien engaña, soborna, falsifica, compra lo robado o abusa de su poder alimenta la misma cultura de desprecio por el bien común.

Nadie construye una nación exigiendo honestidad a los demás mientras justifica sus propias trampas.

También nos inquieta la creciente pérdida de respeto por la vida. Cada día escuchamos noticias de asesinatos, extorsiones, sicariato, secuestros y violencia cometidos con una frialdad inconcebible.

La repetición de estas tragedias las convierte en hechos rutinarios. Se habla de muertos como cifras y de familias destruidas como una noticia más. Cuando una sociedad deja de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, pierde algo esencial de su humanidad.

¿Dónde están las instituciones que deben proteger al ciudadano? ¿Dónde está la justicia que debe actuar sin mirar apellidos, dinero, ideologías o influencias? ¿Dónde están las autoridades que juraron servir y no servirse del cargo?

El peruano observa, con indignación y cansancio, cómo muchas instituciones están debilitadas por la corrupción, la ineficiencia, el temor o la complicidad. Se promete seguridad mientras reina el miedo y muchos delitos quedan impunes.

Pero no todos son iguales. Existen maestros que educan con vocación, médicos que atienden aun sin recursos suficientes, trabajadores que madrugan, jueces y fiscales íntegros, policías que arriesgan su vida, emprendedores honestos y ciudadanos que sostienen a sus comunidades.

Ellos son la prueba de que el Perú no está perdido.

El bien no puede limitarse a resistir en silencio mientras el mal se organiza y se normaliza. La honestidad debe volver a ser una exigencia colectiva.

Debemos recuperar la indignación ante el abuso y el valor de denunciar la corrupción, incluso cuando incomode.

Un país no se derrumba solamente cuando cae su economía o fracasan sus instituciones. Se derrumba cuando sus ciudadanos dejan de distinguir entre lo correcto y lo conveniente; cuando se resignan y dicen: “Así es el Perú”.

¡No! El Perú no es únicamente su corrupción, su violencia ni su desorden. El Perú es también el pueblo que trabaja, la madre que educa, el joven que estudia, el campesino que produce, el vecino que ayuda y el ciudadano que se niega a vender su conciencia.

La pregunta no es si todavía queda esperanza. La pregunta es si tendremos el carácter para recuperarla.

Un Perú distinto no nacerá de discursos vacíos, sino de ciudadanos decididos a defender la vida, la ley, la verdad y el bien común.

¡Señora Keiko Fujimori, Presidente del Perú y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional!

La obligación de este Gobierno y sus instituciones es devolvernos los valores, la seguridad y la justicia de los que hoy adolecemos.

En sus manos está la responsabilidad de lograr que nuestro país vuelva a ser una nación íntegra, segura y con valores.

(*) Teniente General FAP en retiro

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