Por César Gallo Lale
El sicariato mediático que hoy caracteriza a numerosos medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales obliga a reflexionar sobre una preocupante transformación de la política peruana. Cada vez con mayor frecuencia, la disputa por el poder deja de centrarse en el debate de propuestas para trasladarse al terreno de la desinformación, la manipulación y las campañas de desprestigio.
La transición desde los medios impresos, con registros físicos permanentes, hacia el entorno digital, donde la información puede modificarse o difundirse masivamente en cuestión de minutos, ha creado un escenario propicio para la propagación de narrativas orientadas a influir en la opinión pública. En este contexto, se desarrollan campañas que, según esta perspectiva, buscan distorsionar la realidad política y electoral del país.
El fenómeno global de quienes utilizan la información como instrumento de manipulación encuentra, desde este punto de vista, una expresión local en lo que algunos denominan la «prostiprensa». Más que ejercer un periodismo informativo o fiscalizador, determinados medios y comunicadores operarían respondiendo a intereses políticos o económicos, promoviendo campañas destinadas a destruir la reputación de ciertos actores mientras minimizan o silencian los errores y cuestionamientos de otros.
Un ejemplo citado por esta interpretación es la narrativa permanente del «No a Keiko» y el antifujimorismo militante. Se sostiene que estas campañas buscan instalar dudas en la ciudadanía mediante la descontextualización de hechos, la difusión de información incompleta y la construcción de percepciones negativas que terminan afectando la imagen pública de determinados candidatos.
Como caso emblemático se menciona la segunda vuelta electoral de 2016, cuando, a pocos días de la votación, el programa Cuarto Poder, de Canal 4, junto con periodistas y líderes de opinión, difundió información sobre una supuesta investigación de la DEA contra Keiko Fujimori por presuntos vínculos con lavado de activos y narcotráfico. Según esta postura, la difusión de esa noticia en un momento decisivo de la campaña contribuyó a deteriorar su imagen e influir en parte del electorado. Posteriormente, la DEA negó que la candidata estuviera siendo investigada; sin embargo, para quienes sostienen esta visión, el daño político y reputacional ya estaba hecho y nunca existieron responsabilidades por su difusión.
Desde esta perspectiva, la manipulación informativa también serviría para ocultar los antecedentes judiciales o las investigaciones que pesan sobre numerosos integrantes de la clase política. Mientras los registros físicos constituyen una evidencia difícil de alterar, el entorno digital facilita modificar, minimizar o invisibilizar información relevante sobre determinados candidatos.
Se sostiene que una parte importante de quienes postulan a cargos públicos presenta antecedentes penales, investigaciones o cuestionamientos por corrupción. Sin embargo, en lugar de informar de manera equilibrada sobre estos hechos, ciertos sectores de la prensa y las redes sociales contribuirían a presentar a esos candidatos como opciones aceptables, concentrando al mismo tiempo sus críticas en adversarios específicos.
La combinación de una prensa considerada complaciente y de campañas digitales organizadas produciría un electorado cada vez más confundido, donde la percepción pública termina imponiéndose sobre los hechos verificables. Como consecuencia, según este análisis, algunos políticos con serios cuestionamientos logran pasar inadvertidos, mientras otros son objeto de intensas campañas de descrédito.
Asimismo, se advierte que, incluso antes del inicio del próximo período presidencial, ya se observarían acciones orientadas a cuestionar y deslegitimar las futuras decisiones del nuevo gobierno. Según esta interpretación, determinados sectores mediáticos, junto con actores políticos e instituciones del Estado, buscarían desacreditar desde el inicio las propuestas contempladas en el plan de gobierno de Fuerza Popular. De confirmarse ese escenario, la oposición no tendría un carácter constructivo, sino que contribuiría a incrementar la confrontación política y retrasar el desarrollo del país.
Finalmente, se identifica al comunismo, el caviarismo y el progresismo sectario como las principales amenazas para el Perú. Desde esta posición, se sostiene que la defensa de la democracia exige enfrentar con firmeza aquellas corrientes ideológicas que consideran incompatibles con el bienestar nacional, advirtiendo que permitir el avance del odio político, la manipulación informativa y la intolerancia pondría en riesgo la convivencia democrática.
¡ESTAMOS ADVERTIDOS!
Teniente General FAP
