El expresidente Martín Vizcarra presentó una denuncia penal contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), acusándolos de abuso de autoridad y violación a la intimidad.
La acción legal se dirige principalmente contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria de la institución, a quien responsabiliza por la toma y filtración de fotografías durante las recientes requisas en el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 14 años.
Según el escrito presentado por su defensa, entre el 7 y 8 de febrero se realizaron tres requisas en menos de 24 horas en las celdas de los expresidentes recluidos en el establecimiento. La primera inspección se desarrolló con normalidad, pero las dos posteriores fueron calificadas como innecesarias y carentes de justificación.
El expresidente Vizcarra sostiene en la denuncia que estas acciones tuvieron como finalidad generar una «cortina de humo» y vulnerar sus derechos fundamentales. Asimismo, el punto más polémico fue la difusión de fotografías tomadas durante las requisas, que llegaron a medios de comunicación y redes sociales.
La defensa de Vizcarra asegura que dichas imágenes fueron captadas sin autorización y que su publicación constituye una violación agravada a la intimidad y dignidad humana.
«En un Estado de Derecho, máxime si ninguno de los afectados tiene una sentencia firme, no se restringe el derecho fundamental a la intimidad», señala el documento.
El escrito cita el artículo 69 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, que establece la obligatoriedad de la presencia del Ministerio Público en registros súbitos o extraordinarios. Para la defensa, la ausencia de fiscales en las requisas confirma la inconducta funcional de los responsables y refuerza la acusación de abuso de autoridad.
Vizcarra no es el único exmandatario que ha cuestionado las medidas del INPE. Otros internos en Barbadillo, como Ollanta Humala, también han expresado su rechazo a las requisas y a la exposición mediática que generan. El caso puso en duscusión el trato a expresidentes procesados y la delgada línea entre seguridad penitenciaria y respeto a la dignidad de los internos.
La denuncia de Vizcarra refleja de nuevo la tensión existente entre el INPE y los expresidentes recluidos. Más allá de lo jurídico, el episodio muestra cómo las medidas de control penitenciario pueden convertirse en un tema político y mediático de alto impacto.
La discusión sobre la legalidad de las requisas y la filtración de imágenes podría marcar un precedente en la política penitenciaria y la relación entre estas instituciones y figuras públicas privadas de libertad.
