La justicia sigue sin resolver el caso de Susana Villarán de la Puente. Más de nueve años después de iniciada la investigación, la exalcaldesa de Lima continúa siendo juzgada por presuntos aportes ilícitos a sus campañas políticas. La proyección judicial sitúa el cierre del juicio en septiembre de 2027, cuando se cumpliría una década desde las primeras diligencias.
La Fiscalía pide 29 años de prisión y le atribuye haber recibido US$11,2 millones de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de 2013 y su intento de reelección en 2014. Según la acusación, las constructoras habrían entregado esos recursos a cambio de concesiones o mejoras en las condiciones de sus contratos. Estas imputaciones todavía deben ser resueltas por el tribunal.
El juicio oral, iniciado en septiembre de 2025, enfrenta una extensa carga de pruebas: cerca de 500 testigos pendientes y alrededor de 3.000 documentos por exponer. Con una o dos sesiones semanales, el avance ha sido lento. El colegiado evalúa incrementar las audiencias a tres por semana para acortar los plazos.
La eventual sentencia tampoco cerraría necesariamente el caso. Una apelación podría prolongar el proceso durante años adicionales. El penalista Luis Lamas Puccio advierte que las demoras debilitan la respuesta judicial y pueden terminar favoreciendo la impunidad.
La edad de Villarán, actualmente de 77 años, añade otro elemento al debate. El abogado Luis Gutiérrez señala que, si el proceso continúa extendiéndose, las disposiciones sobre cumplimiento de penas para mayores de 80 años podrían favorecerla ante una eventual condena.
La defensa sostiene que las audiencias se desarrollan con normalidad y que lo actuado favorece su posición. Mientras la Fiscalía mantiene su pedido de prisión, el tribunal aún debe completar la evaluación de las pruebas y determinar las responsabilidades.
