Antes del allanamiento a su casa (que ocurrió este la noche del viernes) y ante el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la presidenta Dina Boluarte estaría adoptando medidas desesperadas y con clara obstrucción a la Justicia, a fin de no entregar los relojes Rolex que provocaron la elaboración de una moción de vacancia en su contra, advirtió el semanario Hildebrandt en sus Trece.
Una de las estrategias motivó a que distintos ministros salieran en medios de comunicación a deslizar la posibilidad de que los objetos de lujos no eran originales. Pese a que ello tampoco la distancia de presuntos ilícitos, dicha premisa habría sido la elegida como parte de su defensa legal, al punto que habría ordenado a sus asesores que busquen imitaciones de los modelos captados por medios de comunicación.
“Según una fuente del gabinete ministerial, la presidenta no quiere que el Ministerio Público conozca el número de serie de sus relojes Rolex porque no tiene cómo justificar de manera lícita estas adquisiciones. Es por este motivo que, hasta el momento, se ha negado a mostrar los Rolex a los fiscales para que estos los puedan revisar. Y tampoco quiere que la interroguen sobre la procedencia de esos lujos”, menciona H13.
Ello se condice con la postura de la misma Fiscalía de la Nación, la cual, a través de un documento en respuesta a la solicitud de reprogramación de diligencias, indicó que la Presidencia “no hace más que retardar el resultado de la investigación”.
“Pretende la defensa que la convocatoria a la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra para las diligencias de exhibición y declaración Indagatoria se programen después de dos semanas, siendo su pretexto ‘recargada agenda’; sin embargo, no justifica si aquella ‘inspección’ y ‘entrega’ en ejercicio de funciones como mandataria estuvieron programadas con anterioridad a la citación del Ministro Público, y, principalmente, si su presencia en aquellos eventos es necesaria e indispensable como para estar por encima de su responsabilidad ante el llamado de la autoridad fiscal, lo cual es un claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación”, se puede leer en el documento.
En la víspera, el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza señaló ante el Congreso de la República que las diligencias previstas no se llevaron a cabo debido a la “inconcurrencia” de la mandataria Dina Boluarte.
“Puedo precisar que entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dina Boluarte y también la exhibición de al menos tres relojes comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, mencionó.
Pese a estas declaraciones, la Presidencia emitió un comunicado contradiciendo a las autoridades judiciales. Indicó que recibieron a los integrantes de la Fiscalía pese a que, tal como confirmó la entidad, se limitaron a recibir una notificación.
“Representantes de la Fiscalía fueron atendidos esta mañana por personal del Despacho Presidencial, el que recibió una notificación dirigida a la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra”, indicaron en la red social “X”.
“Dina Boluarte nunca ha sido clienta”
Como parte de la investigación, el Ministerio Público citó a Héctor Banchero, único distribuidor de los relojes de lujo Rolex en el Perú. El dueño de la Casa Banchero acudió al interrogatorio y reveló que la mandataria no adquirió ningún modelo con él, pese a que ante los medios de comunicación indicó que uno de ellos fue resultado de los ahorros producto de su trabajo “desde los 18 años”.
“No, la señora Dina Boluarte Zegarra no ha comprado nada y nunca ha sido cliente y no tiene registro de mi base de datos”, se lee en el documento publicado por el programa ‘Milagros Leiva entrevista’.
Dicha revelación refuerza la sospecha de que los distintos modelos que dejó de utilizar desde el destape de la noticia provienen de terceros. Es decir, podrían ser una reliquia familiar o regalos, los cuales, además de estar prohibida de recibir, no regularizó en sus declaraciones, pese a estar obligada por tratarse de una funcionaria pública; incluso antes de ser presidenta, pues también pasó por distintos ministerios y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
