Por Juan Fischer Ascarza / La Policía, las comisarías y la urgente necesidad de reforma estructural de la seguridad ciudadana

Por Juan Fischer Ascarza

El orden interno constituye uno de los pilares fundamentales de la estabilidad del Estado, la convivencia democrática y la seguridad nacional. Representa una situación de tranquilidad, paz social y normalidad institucional que permite a los ciudadanos desarrollar sus actividades con pleno ejercicio de sus derechos y libertades.

Su preservación corresponde principalmente a la Policía Nacional del Perú (PNP), con participación excepcional de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) conforme a la Constitución.

El orden interno mantiene una relación estrecha con el orden público, la seguridad ciudadana y la defensa nacional. Su importancia radica en la capacidad del Estado para garantizar la convivencia pacífica, prevenir conflictos y responder eficazmente frente a las amenazas que afectan a la sociedad.

EL ORDEN INTERNO Y LA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL

La Constitución Política del Perú establece que corresponde a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Durante los estados de excepción, las Fuerzas Armadas pueden asumir su control cuando así lo disponga el presidente de la República.

Esta intervención extraordinaria constituye un mecanismo constitucional para enfrentar circunstancias que superan la capacidad ordinaria de respuesta policial.

Sin embargo, debe distinguirse claramente entre la preservación del orden interno y la defensa nacional. La participación militar excepcional no puede significar una sustitución permanente de las instituciones civiles ni una alteración de las competencias policiales.

LA COMISARÍA: PRIMER ESLABÓN DE LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA

La Policía Nacional representa la institución estatal más directamente vinculada con la protección cotidiana de los ciudadanos.

Su importancia debe apreciarse desde la perspectiva de quien necesita protección, denuncia un delito o ha sido víctima de la delincuencia. El ciudadano espera encontrar una autoridad capaz de escuchar, intervenir y responder oportunamente.

Como señaló el doctor W. Ramírez Chávez, colaborador del diario Expreso, en su publicación del 2 de noviembre de 2026, la relación entre la función policial y la administración de justicia merece especial atención.

La comisaría constituye el punto de encuentro inmediato entre la ciudadanía, la Policía Nacional y el sistema judicial.

Sin embargo, la excesiva verticalidad de la organización policial ha debilitado esta relación.

La estructura jerárquica resulta indispensable para mantener la disciplina, la formación profesional y la administración institucional. No obstante, la función comisarial exige también una organización horizontal y territorial, coordinada con fiscales, jueces, médicos legistas y demás operadores de justicia.

La seguridad ciudadana necesita instituciones integradas que respondan con rapidez, eficiencia y responsabilidad.

UNA REFORMA ESTRUCTURAL DE LAS COMISARÍAS

Una comunidad no puede considerarse verdaderamente segura sin una Policía profesional, equipada y capaz de responder oportunamente.

La fragmentación territorial, las deficiencias de infraestructura, la burocratización y la insuficiente coordinación institucional han debilitado la capacidad operativa policial.

No basta con multiplicar pequeñas dependencias que funcionan con recursos limitados, instalaciones deterioradas y escasa capacidad de respuesta.

El Perú necesita una transformación estructural del sistema comisarial.

La propuesta consiste en sustituir progresivamente la dispersión de pequeñas unidades por comisarías integrales de mayor capacidad operativa, tecnológica y administrativa, articuladas con una red territorial de respuesta inmediata.

Estas dependencias, denominadas megacomisarías funcionales, permitirían concentrar servicios especializados, fortalecer la presencia estatal y mejorar sustancialmente la atención ciudadana.

LIMA NECESITA UNA NUEVA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

El crecimiento urbano y demográfico de Lima exige revisar la distribución territorial de los servicios policiales.

Considerando unidades de planificación de aproximadamente 400.000 a 500.000 habitantes, una metrópoli de alrededor de trece millones de personas podría organizar su cobertura mediante unas 33 grandes unidades funcionales, cifra referencial sujeta a evaluación técnica.

Esta organización no tendría necesariamente que coincidir con los límites de los distritos políticos o administrativos. Su finalidad sería establecer una distribución policial racional, proporcional a la población y a las necesidades de seguridad.

Cada megacomisaría debería disponer, como mínimo, de diez puestos descentralizados de reacción inmediata, equipados con vehículos ligeros, comunicaciones modernas y sistemas de información interconectados.

Así, la concentración de servicios especializados no alejaría a la Policía de los vecinos, sino que reforzaría su presencia territorial mediante unidades móviles y puestos estratégicos.

No necesitamos una Policía más grande burocráticamente, sino una Policía más próxima, moderna y eficaz operativamente.

COMISARÍAS INTEGRALES AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Las nuevas comisarías deberían funcionar las veinticuatro horas del día, durante toda la semana.

En un mismo complejo, el ciudadano encontraría servicios policiales permanentes y mecanismos de coordinación inmediata con fiscales, jueces, médicos legistas, laboratorios criminalísticos y especialistas técnicos.

Esta integración respetaría la autonomía funcional y las competencias constitucionales de cada institución.

El objetivo sería evitar que las víctimas deban recorrer diferentes dependencias, repetir declaraciones y soportar demoras innecesarias.

Las instalaciones deberían cumplir criterios de ubicación estratégica, accesibilidad, seguridad, tecnología y atención digna.

Una comisaría moderna no debe limitarse a recibir denuncias. Debe convertirse en un verdadero centro de protección ciudadana, prevención del delito y articulación con la justicia.

MUNICIPALIDADES Y POLICÍA: COORDINACIÓN, NO SUPERPOSICIÓN

La seguridad ciudadana requiere cooperación permanente entre la Policía Nacional, las municipalidades y las instituciones de justicia.

Cada megacomisaría debería mantener una conexión operativa directa con los gobiernos locales comprendidos en su jurisdicción.

Los recursos municipales destinados al serenazgo podrían articularse mediante convenios interinstitucionales que fortalezcan la vigilancia preventiva, las comunicaciones y la respuesta ante emergencias.

El Gobierno central tendría que garantizar el financiamiento de infraestructura, equipamiento, capacitación y funcionamiento.

Sin embargo, esta cooperación exige delimitar las competencias policiales, municipales y privadas.

La colaboración no debe convertirse en duplicidad de funciones ni en una competencia desordenada por el ejercicio de la autoridad pública.

SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD PRIVADA

Diversas propuestas políticas plantean ampliar las funciones de las policías municipales y los servicios de serenazgo como respuesta a la delincuencia.

Aunque puedan parecer soluciones inmediatas, sus consecuencias institucionales deben examinarse rigurosamente.

No puede confundirse la legítima participación municipal en la seguridad ciudadana con la atribución de funciones constitucionalmente reservadas a la Policía Nacional.

La autoridad policial posee una naturaleza jurídica, una formación profesional y responsabilidades que no pueden trasladarse indiscriminadamente al personal municipal o a empresas privadas.

La seguridad privada cumple una función legítima dentro de sus competencias, pero no debe sustituir las responsabilidades esenciales del Estado.

Cualquier cooperación privada debe estar delimitada, fiscalizada y subordinada al interés público.

La seguridad ciudadana no puede convertirse en un mercado de competencias superpuestas ni en un espacio de improvisación política.

LA POLÍTICA NO DEBE DESNATURALIZAR LA FUNCIÓN POLICIAL

Resulta preocupante que determinadas propuestas de seguridad respondan más a intereses electorales que a estudios técnicos sobre las necesidades nacionales.

Las promesas de soluciones inmediatas pueden resultar atractivas, pero la seguridad pública requiere planificación, profesionalismo, continuidad institucional y respeto constitucional.

Vivimos una época de inteligencia artificial, drones, comunicaciones digitales y tecnologías avanzadas de vigilancia y prevención.

Estos instrumentos permiten desarrollar modelos de seguridad más eficientes, siempre que existan voluntad institucional, capacitación y recursos adecuados.

Las municipalidades pueden fortalecer la fiscalización, el control urbano y la prevención sin invadir competencias policiales.

Las empresas privadas también deben actuar dentro de sus atribuciones legales.

La solución no consiste en multiplicar organismos que compitan entre sí, sino en organizar racionalmente los recursos humanos, tecnológicos y económicos disponibles.

DEFENDER EL ORDEN INTERNO ES FORTALECER AL ESTADO

El orden interno no se defiende únicamente mediante declaraciones políticas, estados de excepción o mayores despliegues de fuerza.

Se defiende construyendo instituciones capaces de garantizar la ley, proteger los derechos ciudadanos y responder eficazmente frente a la delincuencia.

La Policía Nacional necesita una reforma que fortalezca su capacidad operativa, modernice sus comisarías y consolide su coordinación con la justicia y los gobiernos locales.

La creación de megacomisarías funcionales, complementadas con puestos descentralizados de reacción inmediata, constituye una propuesta que merece evaluación técnica y debate nacional.

No se trata de debilitar la autoridad policial, sino de proporcionarle mejores instrumentos para cumplir su misión constitucional.

Tampoco se pretende excluir la colaboración municipal o privada, sino organizarla dentro de competencias claramente definidas.

La verdadera seguridad ciudadana comienza cuando el ciudadano encuentra un Estado presente, una Policía que responde y una justicia que actúa oportunamente.

Defender el orden interno significa defender la institucionalidad democrática, la convivencia pacífica y el derecho de todos los peruanos a vivir con tranquilidad, libertad y seguridad.

Porque sin orden interno no existe seguridad sostenible, y sin instituciones sólidas no puede existir una democracia verdaderamente eficaz.

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