Luis De Stefano Beltrán (*) y Ernesto Bustamante (**)
Las declaraciones del exalcalde Rafael Santos sobre los electores cusqueños de Verónika Mendoza han reabierto una vieja discusión peruana: ¿hasta dónde llega la crítica política y dónde comienza el desprecio hacia quienes votan de manera diferente? Santos atribuyó el comportamiento electoral a una supuesta dificultad para razonar por la menor disponibilidad de oxígeno en la altura. Sus palabras provocaron rechazo público y denuncias por presunta discriminación. Corresponde a las autoridades evaluar esas denuncias; a la opinión pública, discutir el fondo del problema.
Conviene empezar por la biología, porque esas palabras son, además, científicamente incorrectas. Un metaanálisis de 2024, con 49 estudios y 6,191 participantes, encontró diferencias en determinadas funciones cognitivas asociadas con la exposición prolongada a grandes alturas, pero no una afectación significativa de la capacidad para resolver problemas. Las poblaciones andinas presentan adaptaciones fisiológicas a la vida en altura. Aunque la hipoxia puede afectar ciertas funciones cognitivas, no existe evidencia científica que permita atribuir a la altitud una incapacidad colectiva para razonar políticamente o elegir gobernantes. Por eso, la explicación de Santos no describe a los cusqueños, sino el prejuicio de quien la formula.
El Perú no es una excepción moral. En muchas democracias, los adversarios ya no se limitan a cuestionar programas, candidatos o decisiones: ponen en duda la inteligencia, la educación o la autonomía de quienes votan por ellos. El desacuerdo se convierte así en un juicio sobre la persona. La investigación denomina polarización afectiva a la hostilidad que separa a los grupos políticos, más allá de sus diferencias programáticas.
Europa ofrece ejemplos abundantes. En Francia es frecuente que comentaristas y políticos se refieran a los electores de Marine Le Pen, sobre todo de zonas periurbanas o rurales, con términos como beauf (ordinario), plouc (provinciano), con (idiota) o débile (imbécil). En Alemania, tras los avances de la AfD en Turingia, Sajonia y Brandeburgo en 2024, se ha descrito a parte de su electorado como bildungsfern (de escasa formación) o incapaz de procesar la complejidad. En Italia, tras la victoria de Giorgia Meloni, no fue raro que se presentara a una fracción de su electorado como poco istruita, che non capisce, facilmente manipolabile o simplemente ignorante.
Pero el desprecio no tiene un solo origen. En 2016, en plena campaña, Hillary Clinton afirmó que la mitad de los seguidores de Donald Trump cabía en una “canasta de deplorables”. Y la misma semana de las declaraciones de Santos, una columna en un diario limeño celebró que los cusqueños fueran a tener lo que “se merecen”. En Europa, el agravio suele ir de la izquierda hacia la derecha; aquí, en estos episodios, fue al revés. La tentación es la misma.
Conviene marcar una distinción esencial: observar una asociación estadística entre educación y preferencia electoral no equivale a insultar a nadie. Tampoco toda crítica severa a una opción política es discriminatoria. Una democracia debe permitir afirmar que una propuesta es errónea, demagógica o perjudicial. Otra cosa es convertir esa crítica en un diagnóstico de inferioridad intelectual, cultural o biológica de sus electores. En ese punto dejamos de discutir argumentos y empezamos a descalificar personas y, a veces, a discriminarlas.
En América Latina abundan expresiones que cruzan esa frontera. En Brasil, “gado” (ganado) ha servido para ridiculizar a los seguidores de Jair Bolsonaro, y “petralha”, a los del PT; en Chile, “facho pobre” combina el reproche ideológico con una burla de clase; en Argentina, las disputas alrededor de Javier Milei han dado lugar a descalificaciones recíprocas. Estos ejemplos ilustran el fenómeno, pero no permiten concluir, sin un examen sistemático, que toda la prensa o todas las universidades toleren más los agravios de un sector que los del otro. La doble vara puede existir en episodios concretos; hay que demostrarla, no presuponerla.
El Perú ofrece su propia colección de etiquetas: “terruco”, “caviar”, “facho”, “ignorante” o “no sabe votar”. Algunas apuntan a la identidad política; otras, a la procedencia social o geográfica. Desde 2016, y con particular intensidad durante la segunda vuelta de 2021, la división entre campos políticos ha impregnado conversaciones familiares, redes y medios. Juan Ponte publicó en 2022 un análisis de 1’202,297 tuits relacionados con Castillo y Fujimori e identificó emociones extremas de apoyo y rechazo hacia Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Es evidencia de polarización afectiva, no una medición de cuál bando insulta más.
Por eso, la controversia cusqueña merece algo mejor que una competencia por descubrir quién ofendió primero. No hay que excusar una descalificación porque provenga de alguien cercano ni exagerarla porque la pronuncie un adversario. Tampoco es necesario compartir el voto por Mendoza, Fujimori, Le Pen, Meloni o Milei para reconocer la dignidad de sus electores. Las preferencias políticas pueden y deben ser refutadas; la capacidad ciudadana para ejercer el voto no puede quedar sometida al examen de superioridad moral de sus contrincantes.
Mientras llamar “corto de entendimiento” al adversario no tenga costo social, la frase seguirá escuchándose, en Lima como en Berlín o en Santiago. La pregunta decisiva no es quién posee el monopolio del insulto, sino quién está dispuesto a renunciar a él cuando favorece a su propio campo. Una democracia que confunde discrepancia con inferioridad acaba escuchándose solo a sí misma.
(*) Biólogo molecular de plantas y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
(**) Biólogo molecular y excongresista de la República.
