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Proyecto reconoce pago del diferencial de pensión consolidada a FF.AA. y PNP

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La Asociación Nacional de Pensionistas Policial Militar – Anappomil Grupo Coraje solicitó al Congreso el debate y aprobación del proyecto de ley 3754-2022-CR que reconoce el derecho de pago del diferencial de la pensión consolidada al personal pensionista de las FFAA y la PNP que no percibió dichos ingresos durante el periodo 2013 al 2017.

Dicha iniciativa de la autoría del congresista Juan Carlos Burgos Oliveros establece el pago de lo no abonado en la pensión Equivalente de la Ley 30683 promulgada por insistencia en diciembre del 2017 y que se empezó a pagar en enero del 2018.

En el documento se precisa que dicha deuda se originó en diciembre del 2012 al aprobarse el decreto legislativo 1133 que consideró un incremento denominado pensión consolidada, pero aplicable solo a los que pasaron a la situación de retiro a partir de enero del 2013, sin considerar a los que pasaron al retiro hasta diciembre del 2012.

Esta diferencia generó una arbitraria e ilegal discriminación entre los pensionistas, sin tener en cuenta que a todo el personal militar y policial les corresponden los mismos derechos de acuerdo al grado que ostentan conforme lo dispone el decreto legislativo 19846.

El presidente de Anappomil Grupo Coraje, Julio Monar, señaló que la negación de los devengados deviene en ilegal toda vez que un Reglamento de menor jerarquía que una Ley no puede normar algo nuevo que no está considerado en la Ley 30683 afectando con ello no solo los Artículos 7,8,9 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino también la Constitución en su Art.174 que indica “Los grados y honores, las remuneraciones y pensiones inherentes a la Jerarquía de Oficiales de las FFAA y PNP son equivalentes”.

“Con la Ley 30683 denominada Ley de Equivalencia pensionaria, reconoce el derecho al pago de la pensión Consolidada a partir de enero del 2018 corrigiéndose esa arbitrariedad. Sin embargo, no se reconoce el pago por los 5 años, del 2013 al 2017, que constituye un derecho justo y legal, por lo tanto, corresponde que sean reconocidos y reintegrados”, señaló.

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