Exsecretaria nacional de la Mujer y de Organizaciones Civiles del APRA va con el N.° 1 a la Cámara de Diputados.
Con una amplia experiencia partidaria en el Partido Aprista, Zoila Bocángel Bravo fue elegida candidata a la Cámara de Diputados por Lima, siendo la candidata más votada en las elecciones internas del partido. Su trayectoria se caracteriza por la lealtad, el trabajo de base y el liderazgo femenino dentro del aprismo.
Entre sus principales propuestas está la iniciativa legislativa para que un familiar de un pensionista fallecido tenga derecho al 100 % de la pensión mínima que este recibía, desde los 600 soles, lo que beneficiará a alrededor de 400 000 peruanos.
“Al fallecimiento de una persona con derecho a pensión mínima, el porcentaje por concepto de viudez, orfandad o ascendencia será del 100% de la pensión mínima que venía percibiendo el pensionista, proyecto que beneficiará a casi 400 000 pensionistas, que representan el 55 % del total de pensionista en el Perú”, afirmó.
La experimentada postulante aprista anunció, además, que presentará otra iniciativa legislativa para modificar la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, para que los proyectos priorizados y aprobados en los talleres del presupuesto participativo locales o regionales, con la participación de sus autoridades y la sociedad civil organizada, sean vinculantes.
“Los alcaldes y gobernadores, así como los funcionarios que correspondan, deberán de priorizar la inclusión de estos proyectos en el Presupuesto Institucional (PIA) y en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), los citados proyectos, en el año fiscal correspondiente, bajo responsabilidad funcional”, aseveró.
Zoila Bocángel, quien va con el número 1 del APRA a la Cámara de Diputados por Lima, afirmó que otra modificatoria que buscará desde su escaño será que las entidades públicas estén obligadas a contratar ya no hasta el 5 % sino el 6 % de trabajadores con discapacidad del total de su personal.
“De la misma manera, para los empleadores privados con más de 50 trabajadores, estarán obligados a contratar personas con discapacidad, ya no hasta el 3 % sino el 5 % de la totalidad de su personal”, anunció.
Finalmente, aseguró que exigirá a las autoridades como a la Contraloría, MEF y OSCE, a través del diálogo y el consenso social, que las más de 2400 obras paralizadas y/o trabadas, que representan el 47 % de los proyectos de inversión pública entre los tres niveles de gobierno, se subsanen y se ejecuten inmediatamente en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
