Por Ricardo Sánchez Serra
La política exterior no se defiende con prejuicios, sino con resultados. Algunos ciudadanos han expresado sorpresa -y hasta críticas- por los recientes nombramientos de embajadores políticos efectuados por la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá. Sin embargo, no hay razón para convertir una facultad legal en un escándalo político. La legislación contempla estos nombramientos, de carácter excepcional, y establece que no pueden exceder el 20 % de los jefes de misión diplomática y representaciones permanentes.
No es, por tanto, una invención del actual gobierno ni una anomalía de nuestra política exterior. Distintos gobiernos han recurrido a esta posibilidad. La discusión debería ser otra: ¿son buenos embajadores?, ¿tienen capacidad de interlocución?, ¿pueden abrir puertas para el Perú, atraer inversiones, promover nuestras exportaciones y turismo y defender nuestros intereses?
Esos son los verdaderos interrogantes.
Afirmar que alguien recibió una embajada como “premio político” por haber apoyado una campaña pertenece al terreno de las interpretaciones. Lo objetivo será su desempeño. Un embajador no se mide por la fotografía de su nombramiento, sino por lo que consigue después de presentar sus cartas credenciales.
La diplomacia no puede reducirse a ceremonias, recepciones y fotografías. Detrás del protocolo existe una tarea exigente: representar al Estado, defender sus intereses, negociar, persuadir, construir alianzas y convertir las buenas relaciones en beneficios concretos para los peruanos.
Un buen embajador debe ser proactivo, audaz, prudente, persuasivo, informado, creativo, trabajador y patriota. Tiene que conocer la política exterior del Perú casi de memoria y comprender que no representa sus opiniones personales, sino los intereses permanentes de la República.
Debe saber vender al Perú: sus productos, destinos turísticos, oportunidades de inversión, cultura, gastronomía y patrimonio, pero también sus posiciones internacionales. Debe sentarse con un ministro, un empresario, un parlamentario, un académico o un periodista y explicar, con claridad y convicción, por qué el Perú es un socio confiable
Ese es el desafío.
Los nuevos embajadores políticos tienen, además, una ventaja que puede ser extraordinariamente útil: muchos mantienen una relación directa con la presidenta o el canciller. Un teléfono que comunique directamente con Lima puede resultar decisivo ante una dificultad, una negociación urgente o una oportunidad que no puede esperar.
Pero esa ventaja solo tendrá valor si se transforma en gestión. Una embajada no es una oficina de representación personal. Es territorio institucional del Estado peruano. Allí está la bandera del Perú y, detrás de ella, sus intereses, sus ciudadanos y su futuro.
Por eso, quien recibe una embajada recibe también una enorme responsabilidad. Y toda responsabilidad debe estar acompañada de evaluación.
Nada es para siempre en un gobierno. Tampoco los ministros ni los embajadores. La presidenta tiene legítimo derecho a formar un equipo en el que confíe, reconocer a quienes considera capaces de servir al país y brindar oportunidades. Pero también debe evaluar permanentemente su desempeño. Si funcionan, que continúen; si no funcionan, que sean reemplazados. Así de sencillo.
Desde mi cercanía durante tantísimos años con la Cancillería, tengo también una opinión personal: los embajadores, una vez designados, deberían tener la posibilidad de culminar razonablemente sus misiones.
En el Servicio Diplomático peruano existe un sistema de rotación que contempla, en términos generales, cinco años de servicio en el exterior y luego tres años de permanencia en el Perú antes de volver a salir. En otros países es frecuente que los embajadores permanezcan alrededor de tres años en una misión y luego regresen o sean destinados inmediatamente a otra. Son modelos diferentes, pero todos parten de una misma necesidad: dar continuidad a la labor diplomática.
Una misión requiere tiempo. El embajador llega, conoce el país, establece contactos, construye confianza, identifica oportunidades, negocia y recién después comienza a recoger los frutos de su gestión. Interrumpir prematuramente ese proceso puede significar desperdiciar contactos, proyectos y oportunidades para el Perú.
La diplomacia es una política de Estado y requiere continuidad. Naturalmente, cada gobierno tiene derecho a introducir los cambios que considere necesarios, pero una cosa es cambiar cuando existen razones y otra convertir cada gobierno en el comienzo de una misión desde cero.
En los organismos internacionales y foros multilaterales, donde el conocimiento de procedimientos, antecedentes y complejas negociaciones resulta fundamental, considero especialmente conveniente privilegiar a nuestros embajadores de carrera más experimentados. Y si un embajador político llega a una misión que exige conocimientos especializados, la Cancillería debe proporcionarle el respaldo técnico necesario.
No se trata de enfrentar a diplomáticos políticos y de carrera. Se trata de que ambos trabajen por un mismo objetivo: el Perú.
La diplomacia exige diálogo, negociación, persuasión y defensa. Abrir mercados, atraer capitales, promover turismo, proteger compatriotas, fortalecer alianzas y defender nuestras posiciones soberanas. Una embajada no es un premio: es una misión de servicio a la patria.
Por eso, más que cuestionar de antemano el origen político de un nombramiento, esperemos los resultados.
La presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá han ejercido una facultad contemplada por la ley. Ahora corresponde a los designados demostrar que la confianza depositada en ellos estaba justificada.
La política puede abrir la puerta de una embajada. La capacidad, el trabajo, la inteligencia y los resultados son los que permiten honrarla.
Y cuando se apaguen las recepciones y quede solamente la evaluación de los hechos, habrá una pregunta que verdaderamente importe: ¿Qué hicieron por el Perú?
Esa debe ser la medida.
Porque un embajador no es enviado al exterior solamente para representar a un gobierno. Es enviado para representar a una nación. Y cuando la bandera peruana ondea en una embajada, políticos y diplomáticos de carrera tienen exactamente la misma obligación: hacer que el Perú sea más respetado, más conocido, más próspero y más influyente en el mundo.
