Dina Boluarte, expresidenta de Perú, enfrenta una situación judicial complicada luego de dejar el cargo. Si los tribunales la consideran responsable en alguno de los casos que se le siguen, tendrá que devolver al Estado los costos asumidos para su defensa legal. Esta exigencia aparece mientras afronta varias investigaciones fiscales por supuestos delitos cometidos durante su mandato, tras un proceso político que resultó en su destitución y la pérdida de su inmunidad presidencial, lo que facilita la continuidad de las investigaciones.
A partir del 17 de febrero de 2026, el Despacho Presidencial resolvió una serie de solicitudes de defensa legal presentadas por Boluarte, aceptando cuatro de ellas y declarando improcedente una quinta. Las investigaciones abarcan desde presuntos delitos contra la administración pública hasta acusaciones de lesiones y falsedad genérica, reflejando la magnitud de los cuestionamientos legales que enfrenta la exjefa de Estado.
El futuro judicial de Boluarte estará marcado no solo por el desarrollo de los procesos en su contra, sino también por la posibilidad de que los recursos públicos destinados a su defensa deban ser restituidos si una sentencia firme confirma su culpabilidad. Esta medida se encuentra amparada en la normativa de la Ley del Servicio Civil y las directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
El Despacho Presidencial declaró improcedente la solicitud de defensa y asesoría legal para el caso de presunto enriquecimiento ilícito agravado. Según la Resolución Subsecretaría General N.° 000015-2026-DP/SSG, la negativa se fundamenta en que los hechos investigados —un presunto incremento injustificado del patrimonio de Boluarte durante su mandato— no están vinculados al ejercicio regular de sus funciones como Presidenta de la República.
La normativa vigente establece que solo procede el financiamiento estatal si los hechos imputados guardan relación con decisiones, actos u omisiones ocurridos en el contexto de las atribuciones del cargo. En este caso, el delito atribuido es de carácter personal y no deriva directamente del ejercicio de la función pública, por lo que se consideró que no correspondía otorgar el beneficio.
La investigación, a cargo de la Fiscalía de la Nación, indaga la existencia de un aumento patrimonial superior a medio millón de soles, presuntamente no justificado, que habría tenido lugar entre marzo y diciembre de 2024. Esta carpeta fiscal permanece en etapa preliminar y representa uno de los frentes judiciales más delicados para la exmandataria.
El Despacho Presidencial sí concedió el financiamiento de la defensa legal de Dina Boluarte en cuatro investigaciones distintas, todas relacionadas con hechos que la entidad consideró vinculados al ejercicio de sus funciones presidenciales.
Entre estos procesos destacan dos investigaciones por presuntas lesiones leves y graves, abiertas tras las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023. En ellas, la Fiscalía imputa a Boluarte la responsabilidad de no haber dictado medidas suficientes para evitar lesiones y muertes de ciudadanos durante las movilizaciones, aludiendo a su deber funcional de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales.
Otro caso en el que se aprobó la defensa legal es el de presunto cohecho pasivo propio, relacionado con la recepción de relojes y joyas de alto valor, supuestamente entregados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La investigación apunta a que la exmandataria habría recibido estos objetos como contraprestación a favores políticos o administrativos.
También se autorizó el patrocinio estatal en la investigación por falsedad genérica, que examina si Boluarte firmó documentos oficiales en fechas en las que, según informes médicos, se encontraba imposibilitada físicamente tras una intervención quirúrgica. Este caso se centra en la autenticidad de las firmas y la veracidad de los documentos emitidos durante su convalecencia.
En todos estos procesos, la Oficina General de Administración tiene la responsabilidad de gestionar la contratación de los servicios legales y de supervisar anualmente el uso de los fondos asignados. El beneficio está sujeto, además, a la disponibilidad presupuestal del Despacho Presidencial.
La legislación peruana, a través de la Ley del Servicio Civil y la Directiva 004-2015-SERVIR-GPGSC, señala que todo servidor o exservidor público que reciba defensa legal financiada por el Estado debe reembolsar los gastos si se determina su responsabilidad al cierre del proceso judicial o administrativo.
En el caso de Dina Boluarte, esto implica que, si una sentencia firme acredita su culpabilidad en cualquiera de los delitos investigados y para los cuales se autorizó la defensa estatal, deberá devolver íntegramente los montos pagados por el Estado para su representación legal. El procedimiento de reembolso está regulado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que establece los plazos y condiciones para la restitución de los fondos públicos.
