La expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) cuestionó este jueves la decisión del Congreso de destituirla en octubre de 2025 y preguntó si su salida del poder contribuyó a combatir la inseguridad ciudadana, en medio de las críticas que recibió su Gobierno por el avance del crimen organizado.
En una columna publicada en el diario Perú21, la exgobernante recordó que el Parlamento aprobó su vacancia con 122 votos bajo la causal de “permanente incapacidad moral”, después de que varias bancadas que habían respaldado su gestión se sumaran a la decisión de poner fin a su mandato.
“¿La vacancia terminó con la extorsión?, ¿acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?, ¿hizo desaparecer el miedo de nuestras calles?“, escribió.
Boluarte también cuestionó el procedimiento que condujo a su destitución y señaló que recibió a las 22:38 horas del 9 de octubre la notificación para ejercer su defensa frente a cuatro mociones de vacancia, mientras que la comunicación para presentarse ante el pleno llegó a las 23:30 horas.
Aunque reconoció que el reglamento parlamentario permitía reducir excepcionalmente los plazos, planteó la necesidad de discutir si era responsable ejercer de esa manera una facultad que podía poner fin al mandato presidencial.
La exgobernante sostuvo, además, que la causal constitucional de vacancia por permanente incapacidad moral carece de una delimitación suficientemente precisa y advirtió sobre el riesgo de que las mayorías parlamentarias la utilicen para remover a un presidente por razones políticas.
“Los votos existían. Nadie puede discutirlo. Pero la democracia nunca debería reducirse a una sola pregunta, ¿tenemos los votos?“, afirmó al señalar que los legisladores también debieron evaluar si existían razones suficientes para destituirla y si se había garantizado una oportunidad real de defensa.
En su artículo, Boluarte se refirió al retorno del sistema bicameral y pidió que el Senado y la Cámara de Diputados ejerzan sus funciones de control político sin convertirlas en mecanismos para promover la destitución presidencial.
Según la exmandataria, la existencia de dos cámaras debe permitir una segunda evaluación antes de adoptar decisiones irreversibles y evitar que las mayorías parlamentarias actúen sin contrapesos. “El problema nunca fue solamente cuántas cámaras tenía el Parlamento. El problema fue cómo se ejercía el poder”, avanzó.
Boluarte concluyó que el país debe extraer lecciones de su destitución y defendió que los poderes del Estado se controlen mutuamente sin intentar destruirse, al considerar que las consecuencias de una vacancia presidencial pueden extenderse durante años.
Aunque llegó a la jefatura del Estado en diciembre de 2022 como una incógnita tras la destitución de Pedro Castillo (2021-2022) por intentar dar un golpe de Estado, Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica, mientras los peruanos la acusaban de incapaz, frívola y hasta “asesina”.
El respaldo parlamentario a su Gobierno se debilitó progresivamente hasta que las bancadas que lo habían sostenido, sobre todo el fujimorismo, también apoyaron su salida.
Uno de los episodios que intensificó el rechazo ciudadano fue el ataque a balazos contra la agrupación de cumbia Agua Marina durante una presentación en un recinto del Ejército en Lima. El tiroteo dejó heridos a cuatro integrantes del grupo y a un vendedor, y reavivó las críticas a la respuesta del Ejecutivo ante el avance de la violencia.
