El Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida contra el excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Gallardo, y otros implicados por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de ascensos de oficiales durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El juez Leodán Cristóbal Ayala adoptó esta medida al declarar “fundado en parte” el requerimiento presentado el 19 de noviembre de 2025 por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, mediante el cual se solicitaba ampliar la investigación preparatoria por 36 meses para culminar las diligencias aún pendientes en este caso.
A través de una resolución del 13 de febrero, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso que la prórroga de 24 meses de la investigación preparatoria se computará desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2028.
En su resolución, el magistrado indicó que un plazo razonable para la investigación, que respete tanto el derecho del Estado a perseguir el delito como el de los imputados a un plazo razonable, no puede exceder los 24 meses, con el fin de que todas las diligencias pendientes se completen satisfactoriamente.
“Este juzgado nacional ha tenido presente el justo equilibrio entre el término indispensable que demanda la investigación de la causa y el estricto respecto al derecho al plazo razonable de las partes, lo que se concreta en la decisión que se expide tomando en cuenta esencialmente la doctrina y la jurisprudencia actual sobre la obligación y la potestad del Estado de perseguir el delito y sancionar a sus autores, más el respeto de los derechos y garantías del justiciable. Siendo así, en este caso, habiendo determinado la justificación de la prórroga y el plazo estrictamente adicional del mismo, corresponde estimar el requerimiento por el término no más allá de veinticuatro (24) meses desde su vencimiento, incluyendo el tiempo transcurrido hasta la fecha”, concluyó Cristóbal Ayala.
Con base en este criterio, el juez declaró infundadas las objeciones presentadas por la defensa de Javier Gallardo y otros seis imputados contra la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público en la investigación preparatoria que sigue contra un total de 17 personas por presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y otros, en agravio del Estado peruano.
