Por Bruno de Ayala
Francia vuelve a arder. Las calles que alguna vez simbolizaron la libertad, la igualdad y la fraternidad hoy exhiben una imagen inquietante: barricadas, incendios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. El país que pretendió convertirse en referente moral de Europa parece incapaz de resolver sus propias contradicciones. ¿Estamos ante una crisis económica y social o frente al agotamiento de un modelo político que confundió tolerancia con permisividad y derechos con ausencia de obligaciones?
Las protestas del 17 de octubre de 2026, que movilizaron a cientos de miles de personas, comenzaron con reivindicaciones estudiantiles y laborales, pero en distintas ciudades terminaron en episodios de violencia, ataques contra edificios públicos y saqueos. El malestar por el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos es real. Sin embargo, ninguna reivindicación social justifica convertir las calles en territorio de impunidad.
Aquí aparece una pregunta incómoda que las élites progresistas europeas llevan demasiado tiempo esquivando: ¿qué sucede cuando un Estado pierde la capacidad de imponer la ley y, al mismo tiempo, pretende convencernos de que todo conflicto se resuelve con discursos de inclusión?
La inmigración forma parte de este debate, aunque sería intelectualmente deshonesto atribuir los disturbios a los inmigrantes como colectivo. Hay ciudadanos franceses de origen extranjero que trabajan, pagan impuestos, respetan las instituciones y contribuyen al desarrollo de su país. Pero también existe un problema de integración que no puede ocultarse detrás de consignas políticamente correctas. Cuando determinados sectores rechazan las normas comunes, justifican la violencia o consideran que la sociedad de acogida tiene obligaciones infinitas y ninguna exigencia que plantear, el problema deja de ser exclusivamente económico: se convierte también en un desafío cultural y político.
La integración no puede ser un cheque en blanco. Quien llega a un país debe tener derechos, pero también responsabilidades. Respetar sus leyes, reconocer sus instituciones y aceptar la convivencia bajo unas reglas compartidas no debería ser una exigencia de la extrema derecha, sino el mínimo indispensable de cualquier sociedad democrática.
Durante años, una parte del progresismo europeo ha preferido descalificar como racista, xenófobo o fascista a cualquiera que planteara preguntas sobre fronteras, seguridad, identidad nacional o integración. Esa estrategia no ha resuelto los problemas; ha alimentado la desconfianza de ciudadanos que sienten que sus preocupaciones son despreciadas por dirigentes desconectados de la realidad cotidiana.
Pero tampoco basta con culpar a la inmigración. Francia arrastra problemas económicos, endeudamiento, descontento juvenil y una profunda crisis de confianza institucional. La responsabilidad de gobernar corresponde a sus autoridades, no a convertir a una comunidad entera en chivo expiatorio. El desafío consiste en recuperar la autoridad del Estado, mejorar las oportunidades y exigir el cumplimiento de la ley sin distinciones de origen.
Emmanuel Macron prometió renovación y modernización. Hoy, su país enfrenta una profunda fractura política y social. La violencia de las calles no demuestra que todos los manifestantes sean delincuentes, del mismo modo que condenar los saqueos no significa negar el derecho a protestar. Una democracia madura debe distinguir entre la protesta legítima y quienes utilizan el descontento como excusa para destruir.
Europa necesita menos sermones moralistas y más sentido común: fronteras gestionadas con responsabilidad, inmigración ordenada, integración efectiva, seguridad ciudadana y oportunidades económicas. La solidaridad no puede significar impunidad; la diversidad no puede convertirse en una excusa para renunciar a los valores compartidos; y el respeto a las minorías no exige abandonar los derechos de la mayoría.
El progresismo que promete soluciones para todo, pero evita hablar de responsabilidades, está pagando el precio de sus propias contradicciones. No porque la libertad, la igualdad o la fraternidad hayan fracasado, sino porque ninguna de ellas puede sostenerse sin ley, autoridad y responsabilidad individual.
Francia tiene ante sí una encrucijada histórica. O recupera la capacidad de integrar, gobernar y hacer cumplir sus normas, o seguirá alimentando el terreno en el que prosperan los radicalismos de todos los extremos.
El fin del progresismo tonto no debería significar el fin de la tolerancia. Debería significar el fin de la ingenuidad política. Porque una sociedad que no se atreve a defender sus reglas termina dejando que otros impongan las suyas.
(*) ANALISTA INTERNACIONAL
