De un breve periodo de transición democrática, Myanmar se ha sumido de nuevo en una dictadura militar. La crisis es doble. Por un lado, la brutal persecución de la minoría musulmana rohinyá. Por otro, la represión tras el golpe de Estado de 2021. Este informe explora cómo estos dos eventos han sumido al país en el caos, con un régimen militar que desafía a la comunidad internacional.
El genocidio de los rohinyás: una herida que no cicatriza
La persecución de la minoría rohinyá en Myanmar es una de las tragedias más grandes del siglo XXI. Los rohinyás, una minoría musulmana, han vivido en el estado de Rakhine, en Myanmar, por generaciones. Sin embargo, el gobierno budista de Myanmar los considera inmigrantes ilegales. Les ha negado la ciudadanía, el derecho a la educación, la salud y a la movilidad.
En 2017, la persecución alcanzó un punto crítico. Tras ataques de militantes rohinyás, el ejército de Myanmar lanzó una brutal campaña de «limpieza étnica». Miles de rohinyás fueron asesinados. Aldeas enteras fueron quemadas. La violencia obligó a más de 700,000 rohinyás a huir a Bangladés. Allí viven en campos de refugiados. La ONU ha calificado la campaña como un «ejemplo de libro de texto de limpieza étnica».
La situación en los campamentos de refugiados en Bangladés es terrible. Las condiciones son de hacinamiento y miseria. Según un informe de Human Rights Watch de 2023, la falta de alimentos, educación y seguridad son problemas graves. La repatriación es casi imposible. El gobierno de Myanmar no ofrece garantías de seguridad para su retorno.
«El genocidio contra los rohinyás no es un evento del pasado. La persecución continúa en Myanmar. El país es un Estado de apartheid, donde a los rohinyás se les niegan sus derechos más básicos», asegura la abogada y activista de derechos humanos Amal Clooney.
Un golpe de Estado que revirtió la democracia
Tras una breve transición a la democracia en la década de 2010, el ejército de Myanmar dio un golpe de Estado en febrero de 2021. Derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. La junta militar, conocida como el Consejo de Administración del Estado, tomó el control. Su justificación fue un supuesto fraude electoral. .
El golpe de Estado desató protestas masivas en todo el país. La junta militar respondió con brutalidad. Ha matado a más de 3,500 civiles y ha encarcelado a miles de activistas. La represión ha sido documentada por la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos de Myanmar (AAPP).
«La brutalidad del ejército ha sido implacable», afirma un portavoz de AAPP. «No solo persiguen a la oposición. También bombardean áreas civiles y queman aldeas».
El golpe de Estado ha llevado al país a una guerra civil. La Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF), la rama armada del gobierno de unidad nacional, lucha contra la junta militar. En muchas zonas, el ejército ha perdido el control.
El dilema de la comunidad internacional
La comunidad internacional ha condenado el golpe de Estado. Ha impuesto sanciones a los generales y a las empresas militares. Sin embargo, China y Rusia, dos de los aliados del régimen, han bloqueado medidas más duras en la ONU.
«La comunidad internacional está atrapada en un dilema», explica un analista de International Crisis Group. «Imponer sanciones sin una estrategia clara no es suficiente. Por otro lado, un reconocimiento a la junta militar la legitimaría. Esto sería un golpe a la lucha por la democracia».
La crisis en Myanmar es un recordatorio de la fragilidad de la democracia en la región. El futuro de Myanmar depende de la capacidad del movimiento de resistencia para unir fuerzas y de la presión internacional para que los militares abandonen el poder. Sin estos cambios, la crisis humanitaria y política podría empeorar.
